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Adoptada por la 47陋 Asamblea General Bali, Indonesia, septiembre 1995,
y revisada por la 57^补听Asamblea General de la AMM, Pilanesberg, Sud谩frica, octubre 2006,
la 66陋 Asamblea General de la AMM, Mosc煤, Rusia, octubre 2015
y la 77陋 Asamblea General de la AMM, R贸terdam, Pa铆ses Bajos, octubre de 2026

INTRODUCCION

Para alcanzar el m谩ximo nivel de salud, la salud mental y el bienestar deben valorarse, financiarse y apoyarse en igual medida que la salud f铆sica. M谩s de mil millones de personas viven con una enfermedad mental, esto convierte a las enfermedades mentales en una de las principales causas de la carga mundial de morbilidad.

Los trastornos de ansiedad y depresi贸n siguen siendo los m谩s prevalentes. A nivel mundial, m谩s de 700.000 personas mueren por suicidio cada a帽o[1]. La salud mental y el bienestar deben ser considerados una prioridad de salud p煤blica y un imperativo de derechos humanos, reflejados en la paridad en el financiamiento, el acceso y los resultados.

La adopci贸n en 2006 de la constituy贸 un paso importante hacia la igualdad para todas las personas. Su objetivo es promover, proteger y fortalecer los derechos humanos y la dignidad de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas con trastornos de salud mental. Ya en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales鲁 abord贸 el derecho de toda persona al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud f铆sica y mental.

La identificaci贸n de la salud mental y el bienestar para la implementaci贸n acelerada del 13潞 Programa General de Trabajo (PGT13) de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) constituy贸 un paso importante en alcanzar la igualdad en salud mental[2]. La OMS advierte que a nivel mundial m谩s de mil millones de personas viven con problemas de salud mental y que los cambios en los factores sociales y ambientales, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la privaci贸n ambiental, pueden aumentar el riesgo de padecer problemas de salud mental. El uso de substancias psicoactivas tambi茅n puede contribuir a su aparici贸n o aumentar su progresi贸n. La inclusi贸n de la salud mental y el bienestar como parte de la cobertura universal de salud se plantea ahora como una necesidad importante.

En un llamado a la acci贸n, la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) imaginaron un mundo donde todas las personas puedan llevar una vida sana y tener acceso a servicios de salud mental asequibles y de alta calidad, en base a un paradigma de salud mental basado en derechos y centrado en cada persona y donde las personas con afecciones de salud mental y discapacidades psicosociales puedan participar plenamente en su propia recuperaci贸n y participar en todos los 谩mbitos de la vida. En 2023, se elabor贸 una para ayudar a los pa铆ses a adoptar, modificar o implementar legislaci贸n relacionada con la salud mental y el bienestar. En concreto, la gu铆a fomenta la integraci贸n de la salud mental en la legislaci贸n general, en lugar de la adopci贸n de leyes espec铆ficas para la salud mental. Cuando ya exista una ley espec铆fica al respecto, los pa铆ses deber谩n revisarla para evitar regulaciones separadas o distintas y garantizar la protecci贸n de los derechos de los pacientes y la no discriminaci贸n.

Esta declaraci贸n de la AMM sobre los problemas 茅ticos de los pacientes con trastornos mentales adopta una perspectiva m谩s amplia, que va m谩s all谩 del paradigma biom茅dico de diagn贸stico, medicaci贸n y reducci贸n de s铆ntomas, y considera responsabilidades 茅ticas centrales, determinantes sociales, como los entornos sociales, econ贸micos y f铆sicos a los que est谩n expuestas las personas. Los determinantes sociales estructurales, incluidos la pobreza, la falta de vivienda, la discriminaci贸n, el desempleo, la desigualdad, el acceso inadecuado a la educaci贸n y a la salud y la implicaci贸n en el sistema de justicia penal aumentan significativamente el riesgo de enfermedad mental. Las condiciones ambientales y de vida, los conflictos violentos, el desplazamiento forzado, el trauma de ni帽ez temprana y las violaciones generalizadas de los derechos humanos contribuyen substancialmente a la carga global de la salud mental. Los efectos de la guerra y los conflictos armados en la salud mental, as铆 como el desplazamiento forzado resultante, son evidentes en muchas regiones del mundo. Estos efectos incluyen trastornos de salud mental como ansiedad, depresi贸n, trastorno de estr茅s postraum谩tico (TEPT), trastorno de adaptaci贸n, psicosis y dependencia de sustancias. La poblaci贸n civil, especialmente quienes han vivido experiencias que han puesto en peligro su vida, corre riesgo de desarrollar TEPT. Los entornos digitales que fomentan la comparaci贸n social, o el contenido da帽ino o la desconexi贸n social tambi茅n contribuye a la carga global de salud mental.

Por lo tanto, un paradigma adecuado deber铆a abarcar enfoques basados en el trauma, orientados a la recuperaci贸n y comunitarios, y abordar los determinantes sociales mediante la colaboraci贸n intersectorial.

Las personas con enfermedades mentales graves y cr贸nicas suelen tener necesidades significativas debido a su mayor probabilidad de vivir en circunstancias de discriminaci贸n y vulnerabilidad. Adem谩s, suelen presentar otras comorbilidades. Tienen el mismo derecho a la atenci贸n m茅dica que cualquier otro paciente, incluido el acceso igualitario a servicios preventivos e intervenciones terap茅uticas dirigidas a promover la salud y tratar enfermedades no psiqui谩tricas y a los servicios de diagn贸stico por imagen, dada la base org谩nica de ciertos trastornos. La r谩pida expansi贸n de las herramientas digitales de salud mental, la telesiquiatr铆a y el apoyo a la toma de decisiones mediante IA, junto a algunos beneficios, introduce nuevos riesgos 茅ticos relacionados con la privacidad, la autonom铆a, el sesgo algor铆tmico y la responsabilidad cl铆nica. El consentimiento informado v谩lido, la minimizaci贸n de datos y las protecciones contra el uso secundario discriminatorio son esenciales.

Se debe prohibir el desarrollo y la implementaci贸n de algoritmos comerciales dise帽ados para explotar vulnerabilidades psiqui谩tricas o estados emocionales con fines de lucro, y se deben imponer regulaciones estrictas contra el uso secundario no autorizado o la monetizaci贸n de datos de salud mental por parte de plataformas digitales de terceros.

Los profesionales de la salud tienen las mismas obligaciones 茅ticas con todos los pacientes, incluidos aquellos con trastornos de salud mental, para quienes algunas obligaciones 茅ticas tienen un peso y una importancia particulares.

La obligaci贸n principal del m茅dico es hacia la salud y el bienestar del paciente. Cuando exista un riesgo inminente y grave de da帽o significativo para el paciente o terceros, la divulgaci贸n de informaci贸n confidencial sin el consentimiento del paciente puede ser necesaria para proteger una obligaci贸n 茅tica significativa y prevalente, una vez agotadas todas las dem谩s soluciones posibles y de conformidad con el C贸digo Internacional de 脡tica M茅dica.

RECOMENDACIONES

La Asociaci贸n M茅dica Mundial insta a todas las asociaciones m茅dicas, gobiernos, responsables pol铆ticos y dem谩s partes interesadas, as铆 como a los m茅dicos y otro personal de la salud, a:

Cumplir con las obligaciones 茅ticas hacia los pacientes afectados por condiciones de salud mental.

1. Se debe prestar especial atenci贸n a la evaluaci贸n de la capacidad de toma de decisiones, el uso de mecanismos de consentimiento y la protecci贸n contra influencias indebidas.

2. Los m茅dicos deben garantizar el tratamiento de los pacientes de acuerdo con los principios del C贸digo Internacional de 脡tica M茅dica y la Declaraci贸n de Lisboa de la AMM.

3. Al realizar investigaciones con pacientes afectados por afecciones de salud mental, los m茅dicos est谩n obligados a respetar los principios de la Declaraci贸n de Helsinki. Los pacientes con problemas de salud mental deben ser incluidos de manera significativa en el dise帽o, la supervisi贸n y la difusi贸n de la investigaci贸n de acuerdo con las disposiciones de las Directrices 茅ticas internacionales del CIOMS para investigaciones relacionadas con la salud en seres humanos.

4. La recopilaci贸n, el almacenamiento y el uso de datos de salud de pacientes afectados por condiciones de salud mental deben seguir los principios de la Declaraci贸n de Taipei.

Priorizar la salud mental con la misma prioridad que la salud f铆sica

5. Considerar la salud mental y el bienestar como parte integral del logro del m谩s alto est谩ndar de salud.

6. Garantizar la integraci贸n de la salud mental en todas las estrategias y pol铆ticas de salud p煤blica.

7. Garantizar que los pacientes con enfermedades mentales tengan igual acceso a toda la atenci贸n m茅dica f铆sica, incluidos los ex谩menes de detecci贸n, el diagn贸stico, la derivaci贸n y el tratamiento, y que las evaluaciones cl铆nicas no se vean distorsionadas por el ensombrecimiento del diagn贸stico.听

8. Garantizar que se respete la confidencialidad m茅dica, ya que constituye una protecci贸n fundamental de los derechos de los pacientes y un elemento esencial de la relaci贸n de confianza entre los m茅dicos y sus pacientes.

Integrar la salud mental en la cobertura universal de salud

9. Poner a disposici贸n de todos servicios de salud mental asequibles y de alta calidad.

10. Brindar atenci贸n basada en los derechos, centrada en el paciente y que empodere a las personas en su recuperaci贸n, incluyendo el acceso a apoyo entre pares, intervenciones psicosociales y toma de decisiones compartida.

11. Abogar por la provisi贸n de financiamiento adecuado, el desarrollo de capacidades y la protecci贸n de los presupuestos de salud mental frente a la reasignaci贸n.

Abordar los determinantes sociales de la salud mental

12. Instar a los gobiernos a abordar los determinantes sociales y comerciales de las enfermedades mentales, como una vivienda adecuada, un empleo de buena calidad y nuestro entorno.

13. Reconocer y responder a los impactos de la guerra y los conflictos violentos, el desplazamiento, el cambio ambiental y otras crisis globales en la salud mental.

14. Promover la capacitaci贸n protegida para los trabajadores de la salud con el fin de que puedan reconocer y superar eficazmente estas barreras sociales.

15. Trabajar para fortalecer la autonom铆a de los pacientes mediante la implementaci贸n de medidas para el refuerzo de su propia capacidad de decisi贸n.

16. Se insta a los gobiernos y a los responsables de formular pol铆ticas a establecer marcos legislativos y protecciones regulatorias s贸lidas y basados en evidencia -similares a los modelos internacionales emergentes – para gestionar y restringir el acceso de los j贸venes a plataformas digitales y algoritmos de redes sociales perjudiciales, para cumplir as铆 con la obligaci贸n estatal y de salud p煤blica de proteger las mentes en desarrollo frente a la explotaci贸n digital y los riesgos sist茅micos para la salud mental.

Pasar de un modelo biom茅dico limitado a una atenci贸n integral.

17. Crear programas de intervenci贸n temprana incluidos para las escuelas a fin de abordar el aumento de los problemas de salud mental en los j贸venes.

18. Cualquier medida que implique atenci贸n sin consentimiento debe ser estrictamente necesaria y proporcionada a las circunstancias de la persona afectada. Solo podr谩 aplicarse por un periodo limitado, bajo supervisi贸n judicial y sujeta a una reevaluaci贸n m茅dica peri贸dica.

19. Prevenir los da帽os derivados de la medicalizaci贸n excesiva: tener en cuenta los efectos secundarios de la medicaci贸n, el sobretratamiento y las intervenciones que puedan empeorar la salud mental. Garantizar que la intervenci贸n temprana se base en evidencia y no etiquete como trastorno el malestar normal.

Proteger y promover los derechos humanos en el tratamiento de la salud mental

20. Armonizar las leyes nacionales de salud mental con las .

21. Integrar las disposiciones sobre salud mental y bienestar en la legislaci贸n general, en lugar de basarse 煤nicamente en las leyes espec铆ficas de salud mental.

22. Respetar el derecho de los pacientes a tomar decisiones sobre su propia atenci贸n, incluido el derecho a rechazar el tratamiento.

23. En el caso de ni帽os y adolescentes, garantizar que los procesos de consentimiento sean adecuados a su nivel de desarrollo: buscar la anuencia del menor, otorgar la debida importancia a sus opiniones seg煤n su edad y madurez y – cuando la ley exija el consentimiento de los padres o tutores – involucrarlos, preservando al mismo tiempo la confidencialidad del menor en la mayor medida compatible con la seguridad y las obligaciones legales. Evaluar la capacidad de toma de decisiones caso por caso y no inferir incapacidad bas谩ndose 煤nicamente en la edad, el diagn贸stico o la discapacidad.

24. Minimizar activamente el uso de pr谩cticas coercitivas y sin consentimiento, tales como el ingreso involuntario y la sujeci贸n mec谩nica, asegurando que se empleen 煤nicamente como 煤ltimo recurso absoluto y bajo una supervisi贸n estricta, independiente y limitada en el tiempo, conforme a la normativa legal y los derechos humanos.

25. Capacidad jur铆dica: Los pacientes que viven con condiciones de salud mental tienen derecho a ejercer su capacidad jur铆dica en igualdad de condiciones con los dem谩s. Poner a disposici贸n la toma de decisiones con apoyo, incluido el uso de directivas anticipadas y la participaci贸n de una persona de confianza cuando el paciente as铆 lo desee, y garantizar que cualquier recurso a una toma de decisiones sustituta sea excepcional, proporcionado, limitado en el tiempo y sujeto a revisi贸n independiente.听

26. Siempre que la legislaci贸n nacional permita el tratamiento involuntario o la hospitalizaci贸n obligatoria, garantizar que est茅 sujeto a estrictas garant铆as procesales y sustantivas, incluido un requisito de opci贸n menos restrictiva, revisi贸n judicial independiente, el derecho a representaci贸n legal y revisi贸n peri贸dica, y que se desarrollen y promuevan alternativas con apoyo para la toma de decisiones. La AMM se opone al uso de tratamiento involuntario como respuesta predeterminada a las condiciones de salud mental y pide una reducci贸n progresiva de las pr谩cticas coercitivas.

27. Cuando la capacidad de toma de decisiones de un paciente se vea afectada, involucrar a tomadores de decisiones apoyados o sustitutos que act煤en en el mejor inter茅s del paciente y reflejen sus propios valores y preferencias.

28. Promover el reconocimiento y el uso de las directrices anticipadas en materia de salud mental, permitiendo a las personas expresar sus preferencias de tratamiento antes de una posible p茅rdida de la capacidad de toma de decisiones, y establecer marcos de toma de decisiones con apoyo como alternativa al juicio sustitutivo. Recurrir al tratamiento involuntario 煤nicamente cuando est茅 legalmente autorizado, 茅ticamente justificado y se aplique el enfoque menos restrictivo posible.

29. Abordar las situaciones de final de vida 茅ticamente complejas con la debida diligencia y de conformidad con la legislaci贸n vigente y las directrices profesionales.

30. Proteger a los m茅dicos y profesionales de la salud frente a sanciones legales, la criminalizaci贸n o la injerencia pol铆tica al prestar atenci贸n de salud mental – basada en la evidencia, compasiva y 茅ticamente s贸lida – a poblaciones hist贸ricamente marginadas, incluidas las personas con diversidad de g茅nero y las personas LGBTQ+.

31. L铆mites profesionales: Mantener los l铆mites profesionales y evitar relaciones duales (financieras, de supervisi贸n, 铆ntimas o que creen dependencia) que podr铆an afectar la opini贸n cl铆nica.

32. Minimizar el estigma: Minimizar activamente el estigma: evitar lenguaje o acciones que refuercen los prejuicios o la discriminaci贸n contra las personas que viven con problemas de salud mental.

Fortalecer el compromiso global y nacional para la atenci贸n de salud mental

33. Reconocer la salud mental y bienestar como una prioridad de salud p煤blica y un imperativo de derechos humanos.

Fomentar la educaci贸n, la fuerza laboral de salud y la investigaci贸n en el tratamiento de la salud mental听

34. Incluir los conocimientos y habilidades necesarios en las facultades de medicina, residencias y otros programas de formaci贸n para que los graduados puedan reconocer, diagnosticar y tratar trastornos de salud mental, incluida la depresi贸n, ya sea como s铆ntoma principal o junto con otra afecci贸n m茅dica general. Los m茅dicos en ejercicio que brindan atenci贸n cl铆nica deben adquirir y mantener los mismos conocimientos y habilidades.

35. Fortalecer la formaci贸n inicial y continua de los m茅dicos integrando los determinantes sociales, ambientales y culturales de la salud mental, as铆 como las competencias necesarias para la identificaci贸n, el apoyo y el trabajo interdisciplinario.

36. Proporcionar capacitaci贸n adecuada y apoyo institucional a los m茅dicos y profesionales de atenci贸n m茅dica de primera l铆nea para garantizar una atenci贸n segura, 茅tica y no discriminatoria, particularmente en entornos cl铆nicos de alta presi贸n y recursos limitados.

37. Garantizar una oferta suficiente de psiquiatras y otros profesionales especializados en salud mental, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de los m茅dicos de atenci贸n primaria y los trabajadores de salud comunitarios para identificar, evaluar y gestionar las condiciones de salud mental, particularmente en entornos rurales y desatendidos.

38. Apoyar la investigaci贸n adicional en pacientes con trastornos de salud mental, de conformidad con las normas 茅ticas y las protecciones establecidas.

Reconocer la importancia de la salud mental del m茅dico

39. Exigir responsabilidad institucional para proporcionar condiciones de trabajo seguras, cargas de trabajo manejables y sistemas de apoyo psicol贸gico accesibles para el personal de la salud, en consonancia con la Declaraci贸n de la AMM sobre la atenci贸n de la salud mental de los m茅dicos y la Declaraci贸n sobre el bienestar del m茅dico, reconociendo que las reformas estructurales son esenciales para prevenir el agotamiento profesional.

Proteger los derechos en la era digital

40. La telepsiquiatr铆a se puede utilizar cuando sea cl铆nicamente apropiado, aceptable para el paciente y en beneficio del paciente, incluso para mejorar el acceso de los pacientes que enfrentan barreras geogr谩ficas, de movilidad, relacionadas con discapacidades, de idioma, de estigma, de seguridad o de recursos. Debe incluir consentimiento informado, identificaci贸n confiable del paciente y del m茅dico, salvaguardias de privacidad y protecci贸n de datos, responsabilidad cl铆nica clara, v铆as de emergencia y derivaci贸n, y acceso a una evaluaci贸n en persona cuando sea cl铆nicamente necesario o lo prefiera el paciente.

41. Los pacientes tienen derecho a ser informados cuando se utilicen inteligencia artificial o herramientas automatizadas de apoyo a la toma de decisiones en su evaluaci贸n, diagn贸stico o tratamiento, as铆 como a una revisi贸n humana significativa de cualquier decisi贸n resultante. Dichas herramientas deben ser validadas, supervisadas para detectar sesgos y utilizadas de manera que se proteja la privacidad; la responsabilidad cl铆nica recae en el m茅dico y no puede delegarse en un sistema automatizado.

[1] , World Health Organization, 2022

[2]